http://dx.doi.org/10.18593/ejjl.v19i2.15116
Medios alternativos de solución de conflictos y su relacion con los acuerdos reparatorios en materia penal: una nueva forma de acceso a la justicia
Meios alternativos de resolução de litígios e sua relação com acordos de compensação em matéria penal: uma nova forma de acesso à justiça1
Amalia Patricia Cobos Campos2
José Luis Chacón Rodríguez3
Claudia Patricia González Cobos4
Roberto Aude Díaz5
Lila Magüregui Alcalá6
Resumen: Los Medios alternativos de solución de conflictos constituyen la base del Sistema Acusatorio Adversarial, en la medida en que pueden considerarse como un tipo de muro de contención donde, no sólo el sistema criminal, sino también cualquier otro sistema de justicia, tiene el primer contacto con el gobernado que solicita acceso a la justicia. Estos mecanismos, en conjunción con el concepto de Justicia Restaurativa, representan una figura de novedosa inclusión en el sistema jurídico mexicano y pilar del Sistema Adversarial, intentando crear una nueva cultura en la resolución de conflictos y especialmente en la justicia por la paz. No podemos negar que los mecanismos alternativos de solución de conflictos están estrechamente relacionados con la celebración de acuerdos reparatorios, totalmente regulados por el Código Nacional de Procedimientos Penales, estableciendo su definición, los casos de origen, los motivos de inadmisibilidad, la oportunidad de solicitar y presentando una visión general de en donde pueden ser una manera eficaz de resolver conflictos y si es posible, establecer una forma adecuada para el monitoreo y vigilancia de los mismos.
Palabras clave: Mecanismos alternativos de solución de conflitos. Acuerdos repatorios. Justicia restaurativa.
Resumo: Os Meios alternativos de resolução de litígios constituem a base do Sistema Adversarial de Accusação, na medida em que podem ser considerados como um tipo de muro de contenção onde, não só o sistema criminal, mas também qualquer outro sistema de justiça, o primeiro contato com o governado que solicita Acesso à justiça. Essa alternativa significa, em conjunto com o conceito de Justiça Restaurativa, a inclusão do romance no sistema mexicano e o pilar do Sistema de Adversaria, tentando criar uma nova cultura na resolução de conflitos e especialmente na justiça pela paz. Não podemos negar que os mecanismos alternativos de resolução de litígios estão intimamente relacionados com a conclusão de acordos de reparação, totalmente regulados pelo Código Nacional de Processo Penal, estabelecendo a sua definição, os casos de origem, os motivos de inadmissibilidade, a oportunidade de solicitar e apresentando uma visão geral Onde podem ser uma maneira eficaz de resolver conflitos, se for possível estabelecer uma forma adequada para o monitoramento e vigilância dos mesmos.
Palavras-chave: mecanismos alternativos de resolução de litígios, acordos de reparação, justiça restaurativa.
Introducción
Dentro del esquema de derechos humanos el punto esencial para su tutela lo representa la posibilidad de acceder a la justicia de manera eficaz. En este contexto los mecanismos alternos de solución de controversias representan un camino expedito para lograrlo.
La llegada a México del nuevo sistema de justicia penal, conocido como sistema acusatorio adversarial, trajo consigo toda una reforma integral a una serie de normatividades que guardan una relación directa con los derechos humanos y en especial con el derecho humano de acceso a la justicia.
Dentro de lo anterior se dio un realce a una forma de solucionar los conflictos denominada Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC), los cuales si bien no podemos decir que se consideren del todo “nuevos”, puesto que las etapas conciliatorias ya se venían aplicando en diversas materias, incluyendo la penal; sin embargo, ahora se les da una mayor importancia, al entenderse que estos medios de resolver problemas, son la base fundamental para el Sistema Acusatorio.
Esto es así, porque consideramos que los Medios Alternativos de Solución de Controversias, efectivamente constituyen la base del Sistema Acusatorio Adversarial, en cuanto a que los mismos pueden ser considerados como una especie de muro de contención en donde, no sólo el sistema penal, sino cualquier otro sistema de justicia, debe descansar; es decir, constituyen el primer contacto con el gobernado y la forma más eficaz para que todo ciudadano esté en posibilidad de solicitar el acceso a la justicia.
Al ser estos medios los que tienen la oportunidad de resolver el conflicto en primera instancia, es donde consideramos que las autoridades encargadas de la Procuración y Administración de Justicia deben poner mayor interés, entendido éste como aquellos órganos en donde se debe invertir mayores recursos, tanto económicos como humanos, lo que incluye la capacitación y los perfiles adecuados en quienes desempeñaran tan importante función dentro de la administración de justicia.
Si estos medios fallan, significa que el conflicto no pudo mediarse y por tanto crece, además de que naturalmente va a pasar a otra etapa, que puede ser la conciliación; pero si ésta tampoco tiene éxito, el problema continúa ante el Ministerio Público, quien puede autorizar y encausarlo a través de un acuerdo reparatorio; sin embargo si esto tampoco funciona seguirá su curso hasta llegar a la autoridad jurisdiccional, la cual de una manera u otra tendrá que dar solución definitiva al conflicto.
Sin embargo si ocurre lo anterior, entonces nuevamente las autoridades jurisdiccionales serán las que estarán resolviendo todos los conflictos sociales, y por tanto las autoridades encargadas de administrar justicia, tendrán que realizar nuevamente mayor inversión en jueces y en Centros de Reclusión, por lo que a fin de evitar lo anterior, se considera importante que, en lo posible, el conflicto no llegue hasta los últimos extremos de solución, y se busque una alternativa diferente para el mismo.
También en gran medida tendrá un impacto importante el cumplimiento y la eficacia de los acuerdos reparatorios, a fin de ir creando una cultura distinta en la sociedad sobre la impartición de justicia, encaminada a resolver los conflictos a través de una justicia por la paz.
1 Conceptualización
Partiendo el supuesto de que los medios alternos materia de nuestro análisis enfocan su objetivo hacia el derecho humano de acceso a la justicia, partiremos de la definición de este derecho previo a conceptuar a los primeros.
Por este derecho entendemos la tutela judicial accesible a cualquier ciudadano para la efectividad de sus derechos, por lo que la materia de estudio nos permite eficientar dicha tutela.
Los medios alternos de solución de conflictos (en adelante MASC), por su parte, son procedimientos diferentes a los jurisdiccionales que tienen como objetivo resolver conflictos suscitados entre partes con un problema de intereses. Dentro de ellos se encuentran la mediación, la conciliación y el arbitraje (Márquez & Villa, 2013, p. 1587).
Villeda Espinosa (n.d., p. 5) por su parte los define como
Un conjunto de procedimientos, métodos o técnicas que, tiene por objeto solucionar cierto tipo de conflictos surgidos entre 2 o más personas, ya sea a través de las partes en controversia o un tercero imparcial, sin recurrir a los tribunales instaurados por el Estado.
Por su parte distinta doctrina señala que estos medios de solución de conflictos, consisten en diversos procedimientos mediante los cuales las personas puedan resolver sus controversias sin necesidad de una intervención jurisdiccional, encontrándose dentro de estos la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje, en los que el poder de las partes puede ser mayor o menor en términos de la decisión (Vado Grajales, 2006, p. 377).
En relación con estos medios alternos, y vinculados con la materia penal, se cuenta con la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, la cual en su artículo 1° segundo párrafo señala que estos tienen como finalidad propiciar, a través del diálogo, la solución de las controversias que surjan entre miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos a un hecho delictivo, mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad.
Por otra parte en cuanto a los acuerdos reparatorios, los mismos se encuentran definidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 186, mismo que a la letra dice:
Artículo 186. Definición Los acuerdos reparatorios son aquéllos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el Juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal.
En resumen, de las definiciones anteriores se advierte que esta forma de solucionar una controversia, es un procedimiento distinto al jurisdiccional, ya que precisamente es lo que se trata de evitar, que el conflicto llegue hasta esos niveles.
También, la solución del conflicto puede darse entre las partes por sí o con la intervención de un tercero. Asimismo, dentro de estos procedimientos o mecanismos se habla de la mediación, conciliación o arbitraje.
2 Antecedentes
Sobre los antecedentes de estos medios de solución de controversias, algunos autores señalan que si bien, ya tienen bastante tiempo de existir, lo que en realidad ha cambiado, es la forma en que estos se han desarrollado.
En nuestro país México, desde hace mucho tiempo en los diversos procesos jurisdiccionales se encuentra ya regulada la audiencia de conciliación, como una etapa más dentro de los juicios, en la que se busca, que las partes lleguen a una solución conjunta para poner fin a dicho juicio. Si bien algunos asuntos se solucionan por esa vía, lo cierto es que la conciliación es parte del juicio y no es un procedimiento independiente. Lo anterior hace que la audiencia de conciliación llegue a considerarse únicamente como un trámite por el que se debe transitar como para continuar con el juicio (Márquez & Villa, 2013, pp. 1588-1589).
Sin embargo, hace algunos años, se puede acceder a procedimientos de mediación y conciliación de diversa manera a través de instituciones en donde solamente se desarrollan procesos de justicia alternativa, dedicándose a estas muchas horas y sesiones (Márquez & Villa, 2013, p. 1589).
Estos mecanismos también han sido previstos en el derecho internacional, como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en donde en el artículo 2007 se prevé que los posibles conflictos que se llegaran a suscitar, pueden resolverse mediante la conciliación o mediación, por lo que aunque ya tiene muchos años la justicia alternativa, lo cierto es que en los conflictos entre particulares, los mismos no tenían una trascendencia de importancia en la administración e impartición de justicia, y no fue hasta 1997 que esto empezó a cambiar, puesto que este tipo de justicia ha ido permeando dentro del sistema jurídico mexicano, alcanzando un papel importante, al grado que ha dado pauta a una reforma constitucional (Márquez & Villa, 2013, p. 1589).
Sobre este tipo de justicia restaurativa, consideramos acertado mencionar como un antecedente al respecto, lo que refiere Pacheco García, quien menciona el caso de Nueva York, el cual ha mostrado distintos cambios en su política criminal, los cuales han ido desde la instauración de modelos de cero tolerancia y maximización del sistema penal, hasta los community courts que actualmente resuelven miles de casos por año, sin necesidad de juicio alguno.
Lo cual demuestra que la adaptación de modelos penales siempre va a ser bienvenida cuando sea en beneficio social. Este tipo de Cortes iniciaron en Nueva York en 1993 y actualmente se han expandido a Washington D.C., Seattle, Portland, Connecticut, South Dallas, y Santa Ana, California, sumando ya 37 en los Estados Unidos, las cuales brindan un novedoso modelo de justicia.
Estas Cortes nacieron para responder a problemas delincuenciales locales; cuyos fines principales son proponer una solución a un conflicto penal como alternativa a juicio, dar mayor participación a la comunidad en la toma de decisiones, acortar la distancia entre autoridades y ciudadanos, atender prioridades locales de la comunidad, reducir encarcelación, hacer que se cumpla la reparación del daño, propiciar la no reincidencia, buscar que se restituya a la sociedad el daño con trabajo o servicio por parte del inculpado (Pacheco García, 2013, pp. 33-34).
Lo cierto es que como lo ha referido parte de la doctrina consultada, estos medios de solución de conflictos tienen bastantes años operando en nuestro país, y los precedentes en otros lugares, como aquí se ha señalado, sin duda nos hablan de que su eficacia no presenta lugar a dudas; sin embargo el problema estriba en que aún no se crea la cultura social al respecto, la cual se va dando de manera gradual, por lo que el sólo hecho de que se estén aplicando los mismos en México, es ya un avance importante, no obstante las resistencias que se puedan presentar sobre el tema.
Consideramos que también es cuestión de tiempo su aceptación, en la medida que se vaya comprobando esa eficacia que se ha tenido en otros lugares, como se vio en estos antecedentes, lo cual ira generando esa cultura que al respecto se requiere.
3 Marco regulatorio
En esta parte, iniciaremos diciendo que en nuestro país se cuenta de manera primordial, con lo dispuesto en la norma suprema nacional, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual textualmente señala:
Art. 17. . . .
Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. . . .
Por otro lado tenemos la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, a la que ya hemos hecho mención y que consta de cincuenta y dos artículos y cuya entrada en vigor se ajusta a los términos en que lo haga el Código Nacional de Procedimientos Penales de acuerdo con el artículo primero transitorio.
Cabe traer a colación nuevamente el contenido del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que aunque ya se había mencionado en los antecedentes, consideramos importante mencionarlo también en este apartado del marco regulatorio, es el cual textualmente señala:
Inicio de procedimientos
Artículo 2007: La Comisión - buenos oficios, conciliación y mediación . . .
b) recurrir a los buenos oficios, la conciliación, la mediación o a otros procedimientos de solución de controversias; o . . .
Por su parte, la Ley de Comercio Exterior regula también estos medios de solucionar controversias en su artículo 97, mismo que a la letra dispone:
Artículo 97.
En relación a las resoluciones y actos a que se refieren las fracciones IV, V, VI y VIII del Artículo 94, cualquier parte interesada podrá optar por acudir a los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia de prácticas desleales contenidos en tratados comerciales internacionales de los que México sea parte. De optarse por tales mecanismos:
No procederá el recurso de revocación previsto en el artículo 94 ni el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa contra dichas resoluciones, ni contra la resolución de la Secretaría dictada como consecuencia de la decisión que emane de dichos mecanismos alternativos, y se entenderá que la parte interesada que ejerza la opción acepta la resolución que resulte del mecanismo alternativo de solución de controversias;
II. Sólo se considerará como final la resolución de la Secretaría dictada como consecuencia de la decisión que emane de los mecanismos alternativos. Las partes interesadas que acudan a un mecanismo alternativo de solución de controversias o, en su caso, las partes interesadas sujetas al pago de cuota compensatoria que podría modificarse en virtud de tal mecanismo, podrán garantizar las cuotas compensatorias definitivas en los término s de la fracción III del artículo 98 de esta Ley. Asimismo, en caso de que la cuota compensatoria determinada en las revisiones administrativas sea menor que la vigente al momento en que se inicie el mecanismo alternativo de solución de controversias, deberán garantizar o pagar la diferencia entre dichas cuotas en tanto dicho mecanismo no se resuelva de forma definitiva, y
III. Se observará lo establecido en el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
En el ámbito penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales regula los acuerdos reparatorios del artículo 186 al 190, estableciendo su definición, los casos de procedencia- delitos de querella, culposos, patrimoniales sin violencia-, así mismo las causas de improcedencia, la oportunidad para solicitarse, y finalmente su trámite.
Finalmente la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua al respecto contiene un capítulo segundo sobre la Justicia alternativa, en la cual se considera lo siguiente:
Capítulo Segundo
Del Instituto de Justicia Alternativa
Artículo 176. El Instituto de Justicia Alternativa es un órgano desconcentrado del Poder Judicial, con capacidad técnica para fomentar y promover los mecanismos alternativos de solución de controversias y la cultura de la paz, así como para otorgar los servicios propios de la materia, solicitados por las personas físicas o morales, o bien, aquellos que le sean encomendados por los órganos jurisdiccionales en materia civil, mercantil, familiar y penal, siempre y cuando no contravengan disposiciones de orden público, no se trate de derechos irrenunciables y no afecten los derechos de terceros.
Artículo 177. El Instituto de Justicia Alternativa tendrá competencia en todo el territorio del Estado y contará con el número de centros que determine el Pleno, distribuidos estratégicamente para atender las necesidades de los habitantes del Estado.
Los servicios del Instituto de Justicia Alternativa serán orales, confidenciales y gratuitos; acudir a los mismos es optativo.
Artículo 178. El Instituto de Justicia Alternativa ejercerá sus atribuciones por conducto de un director, subdirectores, coordinadores de área, facilitadores y demás personal necesario para atender a la población estatal y que autorice el presupuesto.
Lo anteriormente apuntado, consideramos es lo que puede comprender parte del Marco Normativo de dichos medios de solución de controversias, desde luego sin que se pretenda agotar la totalidad de éstos, ya que distintas leyes orgánicas como la del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, regulan también este tipo de procedimientos, así como otras diversas legislaciones de carácter local, por lo que lo anterior sirva únicamente para, de manera general, ubicar algunas reglamentaciones a partir de la reforma constitucional de 2008 al artículo 17 ya mencionada.
4 La conciliación
La conciliación es uno de los medios alternativos de solución de controversias que se contempla en los ordenamientos mexicanos, respecto de resolver conflictos a través de un diálogo pacífico y voluntario con la finalidad de llegar a un acuerdo satisfactorio.
De inicio Campos Lozada (2016) apunta lo siguiente “conciliar: significa el acercamiento de las partes para dialogar y llegar a un acuerdo materializado en convenio” (p. 113). Sin embargo, quedarnos con una definición tan general de la conciliación, nos impediría diferenciarla de los demás medios alternos de solución de controversias, por lo que, analizaremos a continuación otras definiciones.
Peña Gonzáles (2014) la define como “un proceso mediante el cual una tercera persona, neutral e imparcial, ayuda a las partes en conflicto a buscar una solución consensual, proponiendo si fuera necesario, fórmulas conciliatorias que las partes pueden aceptar o rechazar” (p. 49). Dentro de nuestra legislación local, se conceptualiza de la siguiente manera:
Se entiende por conciliación el mecanismo por el cual los usuarios, de manera voluntaria, acuden ante un facilitador, quien propicia la comunicación entre ellos, mediante propuestas o recomendaciones imparciales y equitativas, que les permitan llegar al acuerdo o convenio que ponga fin a la controversia de manera parcial o total (Ley de Justicia Alternativa del Estado de Chihuahua, 2015).
En este concepto, se determina que el tercero imparcial denominado conciliador, puede hacer aportaciones, sugerencias o recomendaciones a las partes, promoviendo la comunicación, y que el acuerdo al que se llegue no necesariamente tiene que ser de manera total. También en la ley de Justicia Penal Alternativa del Estado de Chihuahua, se definía como un “proceso en el que se presentan alternativas de solución a las partes en conflicto para llegar a un acuerdo.”
Al igual que otras definiciones, ésta es muy genérica y no nos detalla en su conceptualización características esenciales de la mediación, como la permisiva que se da al conciliador de sugerir soluciones. Igualmente, según la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal
Es el mecanismo voluntario mediante el cual los Intervinientes, en libre ejercicio de su autonomía, proponen opciones de solución a la controversia en que se encuentran involucrados. Además de propiciar la comunicación entre los Intervinientes, el Facilitador podrá, sobre la base de criterios objetivos, presentar alternativas de solución diversas.
En la página oficial del Tribunal Superior de Justicia de Estado de Chihuahua, más que definir a la conciliación se especifica la participación del conciliador de la siguiente manera:
Teniendo la particularidad que una vez exploradas las causas que originan el desacuerdo, si las partes no conciertan sus intereses, el facilitador, previo conocimiento del caso, puede procurar por las formulas justas de arreglo expuestas por las partes o en su defecto proponerlas o desarrollarlas, a fin de que se llegue a un acuerdo, el que contiene derechos constituidos y reconocidos.
Este medio alternativo, tiene la particularidad de que las partes ceden parte del control al conciliador, a efecto de que tiene autorizado proponer soluciones que las partes pudieran aceptar o no, pero siempre la decisión final será la de los conciliados.
Para nosotros la definición más completa es la que nos proporciona Junco (1994), en los términos siguientes:
El acto jurídico e instrumento por medio del cual las partes en conflicto, antes de un proceso o en el transcurso de este, se someten a un trámite conciliatorio para llegar a un convenio de todo aquello que es susceptible de transacción y que lo permita la Ley, teniendo como intermediario objetivo e imparcial, la autoridad del Juez, otro funcionario o particular debidamente autorizado para ello, quien, previo conocimiento del caso, debe procurar las fórmulas justas de arreglo expuestas por las partes o en su defecto proponerlas o desarrollarlas, a fin de que se llegue a un acuerdo, el que contiene derechos constituidos y reconocidos con carácter de cosa juzgada (p. 36).
En este concepto se abordan temas interesantes tales como las maneras en que se puede llevar a cabo una conciliación (intrajudicial o extrajudicialmente), los efectos que tiene el acuerdo al que llegan las partes y sobre todo hace mención a la existencia de aspectos que pueden ser negociables, es decir, solamente los que sean susceptibles de transacción.
5 La mediación
Para analizar este término, es necesario poner a relieve varias definiciones a efecto de encontrar el patrón general y esencia de la mediación. Partiremos de la definición que nos da Campos Lozada (2016):
La mediación es un medio a través del cual interviene un tercero, ajeno al conflicto, asume la función de reunir a las partes y ayudar a resolver sus desacuerdos. Su éxito pasa por un intercambio de información, asumiendo que, por regla general, se indica la negociación desde la desconfianza, debiéndose limar poco a poco por el mediador, haciéndoles cada vez más partícipes de la técnica mediadora, desbrozando el problema, creando opciones, e instándoles a que propongan soluciones, asumiendo que la decisión debe ser el resultado de una participación de las partes que aceptan su posición y toman un acuerdo como solución a su conflicto. Su figura dependerá en muchas ocasiones que se aminore la hostilidad recíproca o unilateral presente (p. 45).
A la hora de que el mediador tiene que promover la comunicación de las partes, tiene que identificar la forma en que cada una enfrenta los conflictos, es decir, si son elusivos, transigentes, competidores, complacientes o comprometidos, y en base a ello aplicar las técnicas necesarias. Para Gorjón y Steele (2012) la mediación: “es un método de solución de conflictos en el que las partes son guiadas por un tercero para llegar a una solución” (p. 16).
Arnulfo Sánchez (2015) la define como “un entendimiento facilitado donde un tercero neutral colabora para que las partes libremente lleguen a un acuerdo satisfactorio mediante la negociación, el intercambio de información y en general la comunicación, ya sea en instancia judicial o fuera de ella” (pp. 48-49). En base a este concepto, podemos observar como la mediación aplica dentro de juicio para las legislaciones que así lo contemplen o hacerlo a través de la mediación privada con un mediador previamente certificado para tal efecto. Para Fierro Ferráez (2012, p. 47) se trata de:
. . . un procedimiento centrado en la búsqueda de una solución. A diferencia de lo que sucede en el juicio, el cual consiste en la asignación de derechos y deberes realizada por un tercero de manera unilateral, en la mediación los participantes en conflicto buscan una solución a sus problemas con la ayuda de un tercero, el mediador.
Peña Gonzáles (2014, p. 47) considera que la mediación es un procedimiento no adversarial en el cual un tercero neutral ayuda a las partes a negociar para llegar a un resultado mutuamente aceptable. Al ser la mediación una alternativa pacífica de solución de problemas, falta desarrollar en las personas una cultura de paz, en el cual, se comprometan a prevenir conflictos o, en su caso, solucionarlos pacíficamente.
Por su parte el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua en la página web relativa al tema la concibe como un
procedimiento en virtud del cual un tercero imparcial y capacitado, denominado el mediador, facilita a los participantes en un disputa a comunicarse adecuadamente y promueve la negociación entre ellos con el fin de lograr una solución parcial o total aceptable a las partes involucradas en el conflicto.
Una aportación importante y trascendente por parte de la precitada definición, es precisamente la necesidad de que el mediador esté capacitado para llevar a cabo la mediación y promover entre los mediados una buena comunicación. Tomando en cuenta la legislación local en temas de métodos alternativos, la Ley de Justicia Penal Alternativa del Estado de Chihuahua define a la mediación como: “Técnica que facilita la comunicación entre las partes en conflicto, con el propósito de que lleguen por sí mismos, a una solución que ponga fin a la controversia.”
Aún y cuando de las definiciones anteriores resulta evidente que las partes son los que deciden el acuerdo al que se va llegar, consideramos relevante que en esta definición se establezca este hecho de manera expresa. Un avance significativo para el Estado de Chihuahua, fue la creación del Instituto de Justicia Alternativa en el año 2014, y derivado de ello, la promulgación de la precitada Ley de Justicia Alternativa del Estado de Chihuahua, en la cual como ya se dijo se estableció lo que se entiende por mediación.
La voluntariedad es un principio primordial para que se lleve a cabo una mediación de manera pacífica y comprometida, puesto que, si se careciera de ella, habría hostilidad y falta de compromiso por parte de los mediados durante el procedimiento como tal. Por su parte, y enfocándonos al tema que nos ocupa,
la mediación penal es definida como un método alternativo de solución de conflictos en el que las partes inmersas en una controversia, apoyadas por un tercero especializado y certificado llamado mediador o facilitador, crean las condiciones para lograr una comunicación efectiva y lograr un acuerdo reparatorio. (Gorjón & Steele, 2012, pp. 141-142).
A diferencia de la definición genérica de la mediación, en materia penal se hace alusión a que el resultado de la mediación penal es un acuerdo reparatorio, en dónde los involucrados salen beneficiados a través del diálogo asertivo y pacífico. Por su parte, en su libro de mediación asociativa y cambio social, Pesqueira Leal (2010), hace la siguiente afirmación:
La mediación es un proceso en el que voluntariamente participan la víctima como el ofendido, el inculpado como el culpable y con la intervención del mediador como tercero imparcial. El objetivo es compartir las historias de los protagonistas del drama criminal, que se repare el daño material o simbólicamente, atender a las necesidades de los participantes y producir condiciones para la reincorporación social de ambos (p. 195).
La idea de confrontar a los mediados, es precisamente que conozcan las razones por las cuales actúa la otra persona, y de esta manera sensibilizar la relación y buscar una solución en la que haya un impacto positivo y satisfactorio para los involucrados.
6 Justicia Restaurativa
Este medio alternativo, es relativamente nuevo, y de inicio se aplicó de manera específica a la materia penal, por lo cual, consideramos necesario su análisis. Se define de conformidad con la página web relativa a la mediación del Tribunal de Superior de Justicia del Estado de la siguiente manera:
La Justicia Restaurativa es un medio de solución de conflictos integrador, dirigido a todas las personas afectadas por el delito, como lo son la víctima u ofendido, el agresor y la comunidad. A través del cual con ayuda de un facilitador se busca determinar de manera colectiva las formas en que habrán de manejarse las consecuencias e implicaciones del hecho ilícito. Respondiendo a este de una manera constructiva, partiendo de las consideraciones en que es necesario el reconocimiento de las víctimas y sus derechos, así como de una solución basada en la reparación del daño, y no en el castigo, sino en las necesidades de las partes y la construcción un estado de paz.
Consideramos atinada la definición efectuada por el Tribunal, ya que se atiende a comunicaciones constructivas con la finalidad de la reparación del daño y en búsqueda de la paz social. Para la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Chihuahua “es el principio al que alude el primer párrafo del artículo 23 del Código de Procedimientos Penales, así como el mecanismo alternativo referido en el artículo 7 de esta Ley.”
Creemos necesario que se especifique si la justicia restaurativa es un principio que forma parte de los medios alternos o un medio alternativo y, siguiendo a lo que establece la definición anterior, la Ley contempla en su artículo 7 lo siguiente:
Se denomina justicia restaurativa al mecanismo mediante el cual se involucra a los intervinientes de una controversia, para identificar y atender colectivamente los daños, necesidades y obligaciones de cada uno de los interesados, con el propósito de lograr la reinserción en la comunidad, la recomposición social, así como la reparación del daño o perjuicio causado.
Se hace referencia entonces, a que la justicia alternativa no sólo busca la reparación del daño, sino también una reinserción y recomposición social a efecto de que se atiendan de manera colectiva los daños causados.
Asimismo, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Controversias en Materia Penal, conceptualiza lo siguiente:
La junta restaurativa es el mecanismo mediante el cual la víctima u ofendido, el imputado y, en su caso, la comunidad afectada, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia, con el objeto de lograr un Acuerdo que atienda las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, así como la reintegración de la víctima u ofendido y del imputado a la comunidad y la recomposición del tejido social.
Si bien es cierto, hay plena concordancia entre la Ley Estatal y la Ley Nacional, respecto a los mecanismos alternativos, ya que se buscan soluciones colectivas, y que más allá de sólo ayudar a los involucrados directos, se impacte de manera positiva en el tejido social. Pesqueira Leal (2016) hace una diferencia entre la definición sustantiva y la procesal; definiendo la justicia restaurativa sustantiva así:
[E]s un sistema democrático de justicia que promueve la paz social y, en consecuencia la armonización de las relaciones entra e interpersonales dañadas por la conducta criminal; esto, a través de la solución auto compositiva de las necesidades de la víctima, de las obligaciones, la responsabilización genuina y las necesidades del ofensor, así como de las necesidades y compromisos asumidos por miembros o asociaciones de la comunidad con el objeto de alcanzar su reintegración social y recomposición del tejido social (p. 164).
Y el concepto de justicia restaurativa desde el enfoque procesal es:
Una corriente del derecho penal de intervención mínima que integra un conjunto de procedimientos voluntarios, flexibles y cooperativos en los que participan los protagonistas del conflicto penal, directa o subrogadamente uno o varios facilitadores y cuando resulta necesario los familiares, amigos, ciudadanos y representantes de instituciones públicas, privadas y sociales con el fin de atender las necesidades pro sociales e intereses de la víctima, del delincuente y de la comunidad y de contribuir a su reintegración social para alcanzar la seguridad ciudadana, el orden público y la paz social (Pesqueira Leal, 2016, p. 164).
En ambos conceptos, tanto el sustantivo como el procesal, se atiende a la participación de los involucrados directos e indirectos en la búsqueda de la paz social, con la diferencia de que de manera sustantiva se atiende a las relaciones dañadas y los compromisos necesidades y obligaciones que se adquieren por los intervinientes y, de manera procesal, en específico menciona a los participantes activos y a las características del procedimiento.
7 Su naturaleza jurídica
Hablar de los Medios Alternos de Solución de Controversias trae consigo la imperiosa necesidad de hacer alusión a su fundamento constitucional, mismo que está consagrado en los artículos 17 párrafo cuarto y 18, párrafo sexto de nuestra carta magna. En efecto, el primero de los numerales citados, establece: “Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial”, mientras que el artículo 18 hace referencia a que las formas alternativas de justicia deben observarse en la aplicación del sistema (refiriéndose al sistema penitenciario), siempre que estos sean procedentes.
Resulta importante establecer los principios que sustentan a los MASC, mismos que “. . . en esencia buscan la justicia, la equidad, la prontitud y la expeditez” (Gorjón & Steele Garza, 2012, p. 20). Los principios que a continuación se señalan deben ser respetados por todas las personas que se ven involucradas o que participan en un procedimiento de alguno de los MASC. Así encontramos que autores como Gorjón y Steele Garza (2012, pp. 21-22) reconocen como principios los siguientes:
En cuanto a la naturaleza jurídica de los MASC, existen diversas apreciaciones o enfoques sobre ella. Dentro de estos criterios, el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, A.C. (CEEAD), ha establecido que:
[A]lgunos de ellos los consideran atribuciones que reciben los particulares para resolver conflictos sin acudir al órgano judicial; otros plantean que son procedimientos voluntarios que permiten solucionar desacuerdos fuera de la justicia ordinaria; y algunas más afirman que constituyen un convenio mediante el cual las partes, acompañadas por un tercero o no, solventan un conflicto sin recurrir a la jurisdicción (Contreras Melara, 2015, p. 21).
Consideramos que los criterios anteriores se alejan de los fines del presente artículo, por ello creemos pertinente entender a los MASC, a través del cristal de la impartición de justicia, en donde “constituyen un conjunto de procedimientos que posibilitan mayoritariamente la denominada justicia autocompositiva y, en algunos casos, la justicia heterocompositiva; con la consideración de que, como regla general, todas las actuaciones son desplegadas por particulares” (Contreras Melara, 2015, p. 21).
Además de ser considerados como procedimientos, Arnulfo Sánchez (2015) nos explica que “entendidos como técnicas aplicables a un caso concreto para encontrar la solución al conflicto son voluntarios y flexibles, constituyéndose como una alternativa al sistema tradicional de justicia estatal” (p. 37).
De esta manera sobresalen distintos métodos dentro de los MASC, tales como los referidos en el párrafo anterior, “autocompositivos y heterocompositivos, según la resolución del conflicto se origine por las mismas partes, o el problema sea resuelto por resolución de un tercero” (Márquez, 2000). De manera sumamente superficial, nos referiremos a esta clasificación, por justicia autocompositiva podemos entender “la resolución de un conflicto jurídico sin la intervención de un tercero que impone su decisión, pues son las partes quienes acuerdan la manera de finalizarlo” (Contreras Melara, 2015, p. 21), mientras que al hablar de justicia heterocompositiva, se alude a la participación de una tercera persona que por voluntad de las partes resuelve el conflicto.
Así, se considera a los Mecanismos Alternos de solución de controversias como “un conjunto de procedimientos cuya utilidad consiste en ser alternativas al litigio” (Figueroa Díaz, 2008, p. 145), por ello Figueroa Díaz (2008) establece que
son formas de buscar la justicia en las relaciones humanas que podemos llamar ‘fuera de los tribunales’ porque efectivamente la conciliación, la transacción o la mediación puede concretarse en los despachos, en las casas, en las oficinas o el espacio público donde las partes sean convocadas . . . (p. 145).
Gorjón y Steele (2012) indican que al estar frente a los métodos alternativos de solución de conflictos,
estamos en presencia de una opción real para alcanzar la justicia cuando prevalece la voluntad de las partes en los MASC, dado que dichas partes- conforme a su propia naturaleza y conveniencia y para establecer un acuerdo- determinan sus obligaciones y derechos ante un conflicto (p. 4).
Por nuestra parte, nos permitiremos realizar un ejercicio apoyándonos en los principios contemplados tanto al inicio del presente apartado, como en la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Chihuahua, por lo que entenderemos a los mecanismos alternativos de solución de conflictos como: Los mecanismos o procedimientos reconocidos por la legislación nacional a través de los cuales, todos los particulares que se encuentren inmersos en una controversia, de forma completamente voluntaria y siempre dentro del marco de la ley, buscan resolverla sin necesidad de someterse a los formalismos ni a los tiempos de los procedimientos jurisdiccionales, atendiendo al principio de confidencialidad de lo expuesto en dicho procedimiento, y con aras a alcanzar una justicia restaurativa que promueva la cultura de la paz y la recomposición social.
Por lo que se refiere a la rama del derecho en que se puede situar o ubicar a los Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos, resulta sumamente complicado limitarnos a un área en lo particular, ya que estos mecanismos cobran aplicación en distintas materias o disciplinas jurídicas, tales como la materia penal, civil, mercantil, familiar, laboral, entre otras.
Para concluir este apartado, por más obvio o absurdo que pudiera parecer, creemos que la naturaleza jurídica de los mecanismos o métodos alternativos de solución de conflictos o controversias, va implícita en su denominación, es decir, la solución de conflictos o controversias entre particulares, ya sea fuera a cualquier procedimiento judicial, como surgen de forma inicial, o bien, según las legislaciones en distintas materias, dentro de un juicio, ya sea penal, civil, familiar, etc., y con lo cual se evita continuar el procedimiento jurisdiccional, siempre cumpliendo con los principios que lo rigen, dentro de los cuales destaca primordialmente la voluntariedad de las partes, esencia de los citados mecanismos.
8 Organismos encargados de su aplicación
Según la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos en solución de controversias en materia penal, en su artículo 2, precisa que:
. . . competencia de las Instituciones especializadas en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal dependientes de las Procuradurías o Fiscalías y de los Poderes Judiciales de la Federación o de las entidades federativas, según corresponda, se determinará de conformidad con lo dispuesto por la legislación procedimental penal y demás disposiciones jurídicas aplicables.
La Ley de Justicia Alternativa del Estado de Chihuahua, en su artículo 8, precisa que los mecanismos alternativos de solución de controversias, podrán ser utilizados tanto por instituciones públicas como privadas, sin embargo, los servicios brindados por particulares deberán realizarse solamente por facilitadores certificados y capacitados en la materia que corresponda y conforme a los procedimientos establecidos.
En la materia penal, según lo dispuesto por la Ley de Justicia Penal Alternativa del Estado de Chihuahua, en su artículo 3, los órganos encargados de los medios alternos de resolución de conflictos, serán los Centros de Justicia Alternativa, dependientes de las Fiscalías de Investigación y Persecución del Delito y por el personal interdisciplinario adscrito a dichos Centros. De igual manera, el artículo 30 de la Ley de justicia alternativa, establece:
Artículo 30. Los mecanismos alternativos se tramitarán:
. . .
III. En materia penal y de adolescentes:
a) Hasta antes del inicio del juicio oral, para celebrar acuerdos reparatorios o decretar la suspensión del proceso a prueba.
b) En la etapa de ejecución, solo para los efectos precisados en el artículo 11, fracción IV, y tercer párrafo del artículo 39 de esta Ley.
En el caso de las fracciones II y III, el trámite corresponderá solo al Instituto, previa derivación por parte de los jueces.
De lo anterior se colige, que también el Instituto de Justicia Alternativa dependiente del Poder Judicial del Estado, conocerá de los asuntos en materia penal, previa derivación judicial.
Según lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos en solución de controversias en materia penal, una vez que el imputado haya sido vinculado a proceso, los Intervinientes podrán optar por que el mecanismo se desarrolle en el órgano adscrito a la Procuraduría o Fiscalía, o en el órgano adscrito al poder judicial, si lo hubiere, dejando así a la voluntad de los intervinientes, la potestad del órgano que llevará a cabo los mecanismos.
9 Los acuerdos reparatorios y su eficacia
Como ya vimos, los acuerdos reparatorios, según el Código Nacional de Procedimientos Penales, son aquéllos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el Juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal. Los acuerdos reparatorios se llevan a cabo a través de alguno de los mecanismos alternos que hemos estado mencionando durante todo el cuerpo del presente artículo y que son instrumentados por una de las instituciones públicas dependientes del Poder Judicial, de la Procuraduría o del gobierno estatal.
Procesalmente hablando, los acuerdos reparatorios tienen lugar hasta antes del auto de apertura a juicio oral. Desde la primera intervención del Ministerio público o del Juez de Control, deben buscar un arreglo entre las partes, en los delitos que así lo permitan.
El Juez podrá suspender la tramitación del procedimiento en búsqueda de que las partes lleguen a un acuerdo. Si el acuerdo es de cumplimiento inmediato y se alcanza en la etapa de investigación, lo aprueba el Ministerio Público. En nuestro estado, estos acuerdos se llevan ante el Centro de Justicia Penal Alternativa, dependiente de la Procuraduría. Si es de cumplimiento diferido o se alcanza ante el Juez de Control, lo aprobará el órgano judicial.
Ambos, el Ministerio Público o el Juez, deben verificar, antes de otorgar su aprobación, que las obligaciones que se contraen, no resulten notoriamente desproporcionadas, que los intervinientes estuvieron en condiciones de igualdad y que no actuaron bajo condiciones de intimidación o coacción (Azzolini Bincaz, 2015, p. 244).
Si el acuerdo es diferido y no se señala un plazo, se entiende que será por un año. Si el imputado no cumple, sin justa causa, el Ministerio Público lo hará del conocimiento del juez, quién continuará el procedimiento como si no se hubiere celebrado acuerdo alguno. En caso de cumplimiento, tanto si se hubiere celebrado ante el Ministerio Público como ante el Juez, se declarará extinta la acción penal.
Los acuerdos reparatorios son la salida alterna que más satisface a las aspiraciones de cada uno de los involucrados. Tienen la enorme ventaja de solucionar o disminuir el conflicto entre las partes directamente interesadas. A través de ellos se descongestiona el ámbito judicial, se agiliza la solución y se satisfacen las pretensiones de la víctima respecto al imputado (Azzolini Bincaz, 2015, p. 249), ya que se reconoce el daño, se restaura la dignidad y equidad de los afectados y se hace frente a posibles daños futuros (Domingo, 2017).
El estado, debe cerciorarse que las partes negocien en situaciones equitativas, siendo importante que el Ministerio Público o el Juez de Control revisen los acuerdos celebrados y los avalen.
En general podemos hablar de que los acuerdos reparatorios permiten resolver el conflicto y favorecen que se cumpla con la reparación del daño; responden a criterios de eficacia al agilizar la solución del conflicto, reduciendo la carga de los operadores judiciales y disminuyendo el rezago en la administración de justicia, sin embargo, al tratarse de procedimientos flexibles, que dan margen a juicios de valoración, definitivamente la argumentación y fundamentación exigen una gran preparación.
Las decisiones que se toman impactan a todo el conjunto social, lo que conlleva a que todos los funcionarios que intervienen en el sistema acusatorio adversarial y en especial los organismos que tienen a su cargo los mecanismos alternos de solución, deben estar debidamente formados y capacitados, en el área jurídica, en la justicia por la paz, en los principios de justicia restaurativa y en los principios éticos (Azzolini Bincaz, 2015, p. 253).
10 Seguimiento y vigilancia de los acuerdos reparatorios
De acuerdo con lo previsto por la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos en solución de controversias en materia penal, se cuenta con un área de seguimiento, que tendrá la obligación de monitorear e impulsar el cumplimiento de los acuerdos reparatorios, este seguimiento podrá consistir, según el artículo 36 en las siguientes actividades:
. . .
I. Apercibimiento a los Intervinientes para el caso de incumplimiento del Acuerdo;
II. Visitas de verificación;
III. Llamadas telefónicas;
IV. Recepción o entrega de documentos, pagos, bienes u objetos;
V. Citación de los Intervinientes y demás personas que sean necesarias;
VI. Envío de correspondencia o comunicación, pudiendo usar medios electrónicos,
VII. Cualquier otra medida necesaria para el cumplimiento del Acuerdo de conformidad con los principios y disposiciones establecidas en esta Ley.
De acuerdo con la legislación en cita, el personal designado como de seguimiento, deberá de proceder de alguna de las formas enumeradas en el artículo precitado y en caso de ser necesario, cuando se produzca un incumplimiento, ordenar una reunión de revisión, donde exhortará a los intervinientes en el acuerdo a cumplirlo, o a facilitar su cumplimiento, o bien, en caso de evidente incumplimiento, los citará a una reunión de revisión.
Es de reconocer el esfuerzo que se realiza para garantizar el cumplimiento del acuerdo tratando de evitar el sufrimiento innecesario de la víctima, pues claramente se establece que en caso de no poder llevar a cabo la reunión de revisión, por hacerse imposible el cumplimiento del acuerdo reparatorio, o bien por existir riesgo de revictimización, el órgano de seguimiento dará aviso al Facilitador, al Ministerio Público y al Juez, para proceder en su caso con el procedimiento penal, sí así lo decide la víctima.
Conclusiones
En la búsqueda de una tutela cada vez más eficaz de los derechos humanos, en particular del derecho humano de acceso a la justicia, encontramos los Medios alternativos de solución de conflictos o controversias, los cuales si bien no son del todo novedosos, han tenido una importante evolución en nuestro sistema jurídico, por ello, actualmente el papel de los MASC es muy diferente al que tenía en años pasados, toda vez que mediante su constante implementación ha ganado aceptación en el terreno jurídico, mostrándose como una herramienta eficaz en la resolución de los problemas entre particulares y por consecuencia un acceso a la justicia más expedito.
Reflejo de lo anterior, lo encontramos en el reconocimiento que hace nuestra Constitución en su artículo 17, y que, sin lugar a duda, ha dado una mayor proyección a la justicia alternativa, por lo que el crecimiento de esta rama jurídica se ha venido dando en la legislación aplicable, tanto a nivel federal como a nivel de las entidades federativas, así como en relación a las instituciones y organismos que operan estas alternativas de justicia, encontrando entre ellos el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Chihuahua o los centros de justicia alternativa que dependen de las fiscalías o procuradurías.
Retomamos nuestro concepto, creado con base a la legislación chihuahuense, entendiendo a los MASC como: Los mecanismos o procedimientos reconocidos por la legislación nacional a través de los cuales, todos los particulares que se encuentren inmersos en una controversia, de forma completamente voluntaria y siempre dentro del marco de la ley, buscan resolverla sin necesidad de someterse a los formalismos ni a los tiempos de los procedimientos jurisdiccionales, atendiendo al principio de confidencialidad de lo expuesto en dicho procedimiento, y con aras a alcanzar una justicia restaurativa que promueva la cultura de la paz y la recomposición social.
Dentro de los medios alternos de solución de conflictos, hemos destacado a la conciliación, la mediación, la justicia restaurativa y los acuerdos reparatorios, a través de los cuales, mediante la intervención de una tercera persona imparcial, se auxilia a los involucrados para que lleguen a la solución de su conflicto.
Mediante la conciliación una tercera persona ajena al conflicto auxilia a las partes a encontrar una solución, realizando propuestas que estas pueden aceptar o rechazar. En cuanto a la mediación, se presenta la participación de un tercero denominado mediador propicia la comunicación y el entendimiento de los involucrados para encontrar una solución. La justicia restaurativa por su parte, es aplicada principalmente en materia penal, y además de buscar la solución del conflicto, tiende a la reinserción social y recomposición social.
Concretamente, en lo referente a los acuerdos reparatorios, éstos se sitúan en la rama del derecho penal, y son, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, aquellos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado, previa aprobación del Ministerio Público o del juez de control, y que tienen como consecuencia la extinción de la acción penal. Esta salida alterna es la que más satisface a las aspiraciones de los involucrados, disminuyendo de forma directa el conflicto entre las partes, y teniendo como consecuencia indirecta la disminución de la carga de trabajo en el ámbito judicial, disminuyendo el rezago que en la administración de justicia pudiera existir.
Otra de las grandes ventajas que traen consigo los acuerdos reparatorios, se presenta a través de la celeridad con la cual se pone fin a los conflictos, pero sobre todo, se manifiesta en la búsqueda de restaurar la esfera jurídica de los afectados, incluyendo la relación entre ellos, situación que se ve reflejada en la paz social que se persigue con esta forma de procurar y administrar justicia.
Desgraciadamente en nuestro entorno, inclusive dentro del mismo gremio de los operadores de los sistemas de procuración y administración de justicia, no contamos con una cultura tendiente a la resolución de conflictos a través de estos medios, o bien, en relación a aquellos acuerdos que se llegan a celebrar, existe cierta incertidumbre por parte de los involucrados en relación a la efectividad o su cumplimiento.
Firmemente debemos destacar que los MASC, y entre ellos los acuerdos reparatorios, tienden a la búsqueda de la recomposición social y la cultura de la paz, en donde más allá de resolver en lo particular el conflicto entre dos individuos, se busca abonar al tejido social, evitando, al menos en teoría, que en un futuro se generen otros conflictos de similar naturaleza a los resueltos, es por ello que es necesario seguir pugnando por que esta cultura de paz pueda crecer en nuestra sociedad.
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Data da submissão: 04 de agosto de 2017
Aceito em: 11 de julho de 2018
Joaçaba, v. 19, n. 2, p. 333-352, maio/ago. 2018
1 El artículo se deriva de la investigación financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología dentro del programa de Fortalecimiento a Cuerpos Académicos; investigación intitulada “La eficacia del resarcimiento a las víctimas de los acuerdos reparatorios en materia penal en el estado de Chihuahua”, bajo la Coordinación de la Doctora Amalia Patricia Cobos Campos representante del UACH-CA-57, realizada de agosto de 2016 a julio de 2017.
2 Doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua; Master en Derecho penal por la Universidad Autonoma de Chihuahua, Profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Chihuahua; C. Escorza 900, Col. Centro, 31000, Chihuahua, Chih. México; pcobos@uach.mx; http://orcid.org/0000-0002-1979-3771
3 Doctor en Derecho por la Universidad de Durango Campus Chihuahua, Master en Amparo por la Universidad de Durango, Profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua; jlchacon@uach.mx
4 Candidato al grado de Doctor en derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, Master en Administración de Recursos Humanos por la Universidad Autónoma de Chihuahua; Profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Chihuahua; ccobos@uach.mx
5 Master en procuración y administración de justicia por la Universidad Autónoma de Chihuahua; Licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua; Profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua; raude@uach.mx
6 Master en derecho financiero por la Universidad Autónoma de Chihuahua; Licenciada en derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua; Profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Chihuahua; lmaguregui@uach.mx